El gobierno actualiza la ley del derecho de rectificación: ¿cómo afecta a nivel de protección de datos y la aplicación de la LOPD?

Este enero, el Gobierno de España ha dado un paso importante en materia de protección de derechos relativos a la privacidad y la veracidad de la información en el entorno digital. Aunque este paso se centra en la actualización del derecho de rectificación, este hito está íntimamente ligado a la evolución de la LOPD y de la ley de protección de datos en nuestro país, marcando un contexto legislativo que exige comprensión para ciudadanos, empresas y profesionales del ámbito legal o tecnológico.

La Ley Orgánica de Protección de Datos —más conocida como LOPD— ha sido una pieza clave del marco legal español sobre privacidad durante más de veinte años. Originalmente promulgada como la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, fue derogada en parte por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), normativa que adapta y desarrolla los principios del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. 

Cuando hablamos de LOPD en un sentido amplio hoy, nos referimos generalmente al conjunto de normas que regulan la protección de información personal en España, incluido el tratamiento de datos, derechos de los ciudadanos sobre su información y las obligaciones de quienes manejan esos datos. Aunque la antigua LOPD de 1999 ya no está vigente en su forma original, su espíritu y objetivos se mantienen en la LOPD-GDD y en el marco europeo (RGPD), que son las normas actuales que rigen la ley de protección de datos en España. 

La protección de datos personales es un derecho fundamental en la Constitución Española (artículo 18) y está respaldado por un entramado legal que obliga tanto a empresas como a organismos públicos a asegurar que cualquier tratamiento de datos respete la privacidad y los derechos de las personas. 

El Consejo de Ministros del 13 de enero de 2026 aprobó recientemente remitir al Parlamento el proyecto de actualización de la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación, con el objetivo de “garantizar información veraz” adaptando la normativa vigente a la realidad digital actual. 

Aunque el propósito principal de esta reforma no es actualizar directamente la LOPD, la iniciativa está estrechamente relacionada con la protección de datos, dado que el derecho de rectificación es uno de los derechos esenciales que reconoce la legislación española en materia de privacidad y de tratamiento de información personal errónea o perjudicial. 

Estas novedades buscan no solo modernizar el derecho de rectificación, sino reforzar el equilibrio entre la libertad de expresión, la veracidad de la información y la protección de datos personales. 

La ley de protección de datos no solo regula cómo se deben tratar los datos personales, sino que también establece derechos claros para los ciudadanos, como:

Estos derechos garantizan que, cuando una persona detecta que su información se ha tratado incorrectamente o se ha usado de forma indebida, pueda solicitar correcciones o eliminaciones cuando corresponda. 

En este sentido, la reforma del derecho de rectificación que ha puesto en marcha el Gobierno español actúa como un complemento práctico y específico dentro de la normativa más amplia de protección de datos. Además, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la LOPD y la ley de protección de datos, juega un papel central en garantizar que estos derechos se respeten y se apliquen correctamente. 

Aunque centrada en otra normativa, esta reforma refuerza inevitablemente la protección de derechos relacionados con la privacidad y la integridad de los datos personales. La adaptación del derecho de rectificación al entorno digital representa un movimiento estratégico dentro del marco más amplio de la ley de protección de datos, que sigue evolucionando para responder a los desafíos de la información en la era digital.

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